En el nombre de la constitucionalidad

O cómo la Constitución debe dejar de ser la excusa perfecta

El 1 de octubre de 2017 el gobierno autonómico de Cataluña, la Generalitat, decidió celebrar un referendo sobre la independencia de manera unilateral y con la férrea oposición del Gobierno de España. Cabe señalar que el referendo no tenía ningún valor jurídico al haberse convocado de manera anticonstitucional –como lo confirma la sentencia pertinente del Tribunal Constitucional– y sin las salvaguardias mínimas de unas elecciones democráticas, transparentes y justas. Aun así, el Gobierno central decidió impedir con firmeza la celebración del referendo mediante una contundente actuación policial cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Tras un recuento de votos de una validez igual de dudosa que el propio referendo, se anunció la victoria de la opción separatista y, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán proclamó, de manera unilateral, la independencia de la República de Cataluña. Ese mismo día, Maríano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno de España, intervino en Cataluña por la vía del art. 155 de la Constitución española, por el que se disolvió el Parlamento catalán y se convocaron elecciones.

Tras un largo y complejo juicio a los líderes del proceso independentista, entre ellos, prácticamente todos los miembros del gobierno del Carles Puigdemont –huido en Bélgica–, el lunes 14 de octubre de 2019 se hizo pública la sentencia firme del Tribunal Supremo, que recoge penas de entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Las reacciones no se hicieron esperar y las calles de Barcelona y de las principales ciudades catalanas se llenaron de concentraciones y manifestaciones para mostrar su rechazo por la sentencia. Se cortaron carreteras, vías férreas y los accesos al aeropuerto de Barcelona, lo que se saldó con la cancelación de varias decenas de vuelos. Se sucedieron las cargas policiales y los enfrentamientos entre manifestantes independentistas y de extrema derecha, y entre estos y la policía. También hubo grupos violentos que produjeron incendios y agredieron a las fuerzas del orden en varias ciudades catalanas.

Ante la situación, el presidente de la Generalitat no condenó expresamente la violencia hasta unos días después, cuando, además, explicó que los sujetos violentos no eran realmente independentistas sino infiltrados en las manifestaciones y concentraciones. Mientras tanto, Barcelona ardía en los televisores sin que el Gobierno central o la Unión Europea, más preocupados por el brexitque por otra cosa, expresaran un desasosiego creíble ante los acontecimientos.

El gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a sentarse a hablar con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, bajo el pretexto de que este último no ha condenado los actos violentos que se sucedieron tras la publicación de la sentencia del procès. Si bien es indudable la validez de la exigencia de Sánchez –la violencia no lleva nunca a ninguna parte y hace falta condenarla sin ambages–, en el contexto actual difícilmente cabe excusa alguna, por muy válida que pueda ser, para evitar el diálogo o para prolongar este estado de impasibilidad. Si lo que Sánchez quiere, en realidad, es que Torra condene las manifestaciones y las concentraciones independentistas, entonces, apaga y vámonos.

La palabra diálogo se ha convertido en un término manido en el debate sobre Cataluña. Llevamos años hablando de un diálogo que nunca llega, que acaba siendo siempre la suma inútil de monólogos divergentes que no llevan a ninguna parte –como los debates preelectorales, dicho sea de paso. Ningún Gobierno de España, ni pasado ni presente, ha sabido hacer gala de la madurez y el arrojo suficientes como para tomar el toro por los cuernos y encontrar una solución a la altura de los tiempos.

En el momento de promulgar la Constitución y en plena transición, los ánimos no estaban como para reivindicaciones independentistas, y quedaron muchos elementos pendientes relativos al encaje de las nacionalidades históricas en la nueva forma de Estado. Sin embargo, poco a poco, los movimientos separatistas e independentistas se han agrupado, se han manifestado, se han constituido en partidos políticos, han penetrado y crecido en el parlamento catalán, han logrado ser elegidos por el pueblo para presidir la Generalitat y, aun así, no se escuchan sus demandas bajo el pretexto de la anticonstitucionalidad. Al crecimiento del independentismo ha contribuido la falta de maña de los gobiernos centrales a la hora de lidiar con la cuestión catalana, que se ha ido enquistando e infectando a lo largo de los años. Con este mar de fondo, ¿de verdad alguien cree que ahora las condenas o una actuación policial más o menos mesurada van a cambiar la mentalidad o las convicciones de quien lucha por unos principios bien arraigados?

Los gobiernos centrales se han escudado siempre en el carácter anticonstitucional de los nacionalismos para no sentarse a dialogar y hacer que un país tan diverso como España encuentre un encaje constitucional mejor para su realidad. España está hoy calzada a la fuerza en un molde constitucional que vino de perlas para favorecer la transición después de la dictadura, pero esta España ya recuperada y fuerte empieza a romper las costuras de ese molde. Porque la Constitución hay que respetarla; no cabe duda. Pero una constitución no es un texto grabado en piedra, sino un texto orgánico que debe evolucionar y reflejar los cambios que se produzcan en la sociedad que por él se rige. La sociedad española no es la misma que era a finales de los 70, como tampoco lo son sus aspiraciones.

Aunque, claro, no puede perderse de vista, si se quiere entender el tablero, que las elecciones del día 10 de noviembre –las cuartas en cuatro años– están a la vuelta de la esquina y que cada maniobra, electoralista o no, será juzgada como tal por unos o por otros. Y eso lo sabe muy bien el presidente del Gobierno en funciones: una muestra de entendimiento, por pequeña que sea, que se interprete como un acercamiento o una concesión al independentismo, podría tener consecuencias devastadoras en las urnas para el Partido Socialista. Lo que está claro es que solo se saldrá del atolladero cuando un Gobierno central valiente reconozca que hay algo que no va bien desde hace tiempo en España; cuando ese Gobierno valiente levante la alfombra bajo la que durante tantos años se ha metido de mala manera la cuestión catalana y la incómodaplurinacionalidad de España; y cuando se lleve a cabo una reforma constitucional que dé cabida al país que España es hoy y que está muy lejos del que era en 1978.

Por lo que se ve en estos días de campaña, con la apertura del debate sobre la solución federal, puede que comience a atisbarse luz al final del túnel. La izquierda y los socialistas son los únicos que podrían dar un paso tan importante como ese, vista la cerrazón infantiloide y populista de las derechas con respecto a esta posibilidad. Sianalizamos las propuestas del Partido Socialista de Cataluña[1], la transición a un Estado federal podría ser la solución. Es un proyecto largo y farragoso, pero que permitiría redefinir la unidad, respetar la integridad del país y atender a las necesidades y peticiones de las nacionalidades constitucionales de España.

[1]A partir de la página 133 http://www.socialistes.cat/files/Programa_Electoral.pdf

 

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